La reforma de subcontratación transformó la seguridad industrial en México. Las plantas industriales han optado por delegar responsabilidades en menor medida e integrar a contratistas y personal propio en un mismo sistema de prevención, documentación y control de riesgos.
La reforma en materia de subcontratación en México, implementada en 2021, cambió la manera en que las plantas industriales organizan y vigilan sus prácticas de seguridad. El ajuste no fue menor: las empresas ya no pueden escudarse en que el contratista es responsable de su personal. Hoy, la responsabilidad es solidaria y obliga a que cada trabajador en sitio, ya sea propio o de un servicio especializado, forme parte del mismo sistema de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo.
Antes de la reforma, era común que empresas operaran con esquemas de outsourcing para reducir cargas administrativas y de seguridad social, o por simple conveniencia financiera. El personal estaba registrado con un tercero y las comisiones de seguridad, programas de capacitación y expedientes médicos se gestionaban de forma paralela.
Con la reforma, se estableció la obligación de absorber directamente a los trabajadores que no correspondían a actividades especializadas, bajo el esquema de sustitución patronal. Esto implicó ajustar primas de riesgo ante el IMSS y consolidar expedientes en un solo patrón.
Responsabilidad extendida
El primer gran cambio es la corresponsabilidad en seguridad. Para que una empresa pueda contratar servicios especializados debe asegurarse de que el proveedor esté inscrito en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados (REPSE). Además, la empresa contratante debe verificar que cada contrato especifique con claridad el objeto especializado, el número estimado de trabajadores y las condiciones bajo las cuales operarán en planta.
Este marco generó la necesidad de controles documentales más estrictos. En muchos casos, cada cuatro meses los contratistas deben entregar evidencia de cumplimiento a través de los sistemas ICSOE (IMSS) y SISUB (Infonavit). Estos reportes incluyen información de contratos y trabajadores adscritos.
En consecuencia, las áreas de seguridad industrial en planta deben crear repositorios actualizados donde se concentre la evidencia ya que, durante inspecciones conjuntas de la STPS, IMSS, SAT e Infonavit, la omisión en el resguardo puede derivar en sanciones y, en el caso de los contratistas, en la cancelación de su REPSE.
La otra cara de la responsabilidad extendida está en el terreno operativo. La Comisión de Seguridad e Higiene (NOM-019) ahora debe integrar a los contratistas en sus recorridos, análisis de riesgo e investigaciones de incidentes. Ya no existe distinción entre trabajador interno y externo: todos participan en las mismas inducciones, permisos de trabajo y medidas preventivas.
Sistema unificado
La reforma también obligó a consolidar las prácticas de seguridad en un solo sistema. Actividades críticas como trabajos en altura, espacios confinados, manejo eléctrico o izaje, requieren permisos específicos, y ahora la planta es responsable de garantizar que contratistas y personal propio reciban la misma capacitación y acrediten los mismos estándares.
En paralelo, la NOM-030 refuerza el papel de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. El diseño de programas, auditorías internas e investigación de incidentes deben abarcar de manera uniforme a todos los que ingresan a la planta, independientemente de su empleador formal. La figura del supervisor de seguridad dejó de ser un filtro exclusivo para la plantilla interna: se convirtió en enlace para coordinar con contratistas y verificar el cumplimiento de sus protocolos.
Un componente adicional es el uso de equipos de protección personal (EPP). Con la publicación de la NOM-017-STPS-2024, que entra en vigor en septiembre de 2025, se refuerza la obligación de justificar técnicamente la selección del EPP, mantener registros de mantenimiento y capacitar de manera trazable a cada trabajador. Este cambio impacta directamente en las compras industriales y en la logística de distribución de equipos de seguridad dentro de planta.
Las empresas también debieron ajustar su cálculo de la prima de riesgo, pues la sustitución patronal trasladó al patrón real la siniestralidad que antes estaba dispersa entre varias razones sociales. Esto ha llevado a reforzar programas de prevención, dado que cualquier accidente repercute de forma inmediata en los costos de seguridad social.
El efecto más profundo de la reforma no fue únicamente administrativo ni financiero: fue cultural. Las plantas industriales en México tuvieron que asumir que la seguridad no puede dividirse por razones sociales o contratos. El trabajador externo dejó de ser “ajeno” y pasó a ser parte de un sistema único de prevención. La reforma obligó a integrar documentación, reportes, permisos y capacitación bajo una misma plataforma, eliminando prácticas fragmentadas que durante años crearon vacíos de responsabilidad.
El reto hacia adelante está en consolidar la disciplina documental y operativa que exige este nuevo marco. Las empresas deberán mantener una vigilancia continua sobre sus contratistas, actualizar programas de seguridad conforme evolucionen las normas y asumir que la seguridad industrial es, en esencia, un ejercicio de integración total.
